Tegucigalpa, M. del D. C., 27 de noviembre de 2009. Castigos severos contra los acuerdos colusorios y los abusos del poder de mercado, así como el control de excesivos niveles de concentración económica, fueron los temas que más se debatieron en el “Seminario sobre la Libre Competencia”, promovido por la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia (CDPC), en coordinación con la Escuela Judicial de Honduras “Francisco Salomón Jiménez Castro”.  

En una jornada de dos semanas y con la participación de más de doscientos profesionales del derecho, de la economía, así como de miembros de la sociedad civil y la presencia del sector empresarial, se desarrolló el Seminario de Libre de competencia, en el que se abordaron los principales tópicos que establece la Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia (Ley), vigente desde febrero del 2006.

Entre los objetivos del seminario se procuró dejar claro las dificultades que se enfrentan para promover una cultura de competencia en escenarios donde no existe una tradición de mercado. Ello, implicó plantear las distorsiones y las barreras de tipo legal tradicionales a la que se enfrenta el sistema de competencia concebido en la Ley y su Reglamento. Para el caso, se describieron normativas que datan desde hace tres décadas que se promulgaron para proteger a los competidores, y promover conductas gremialistas anticompetitivas.

Más que un ejercicio académico la experiencia del Seminario significó una oportunidad para testimoniar y debatir sobre las acciones de la CDPC, no sólo respecto a los controles de las fusiones empresariales notificadas y condicionadas por la autoridad de competencia, sino sobre las sanciones aplicadas contra los productores y comerciantes que han participado de acuerdos colusorios y de prácticas abusivas contra proveedores, distribuidores y consumidores en general. Los debates se extendieron al extremo de argumentar los procedimientos y los elementos probatorios que se utilizan en este tipo de conductas contra la libre competencia, a propósito de las sentencias que los Juzgados y Tribunales de la República han dictado confirmando las decisiones emitidas por la CDPC.

Las sanciones económicas que establece la Ley contra las prácticas restrictivas de la Libre Competencia, se estiman sobre la base de tres veces el monto del beneficio económico obtenido con las prácticas prohibidas por naturaleza y por su efecto. En caso que no sea posible determinar el monto del beneficio se fijan multas de hasta el diez por ciento (10%) de la utilidad bruta en ventas del año fiscal precedente al de la realización de la conducta prohibida.

El seminario fue clausurado por los Comisionados Oscar Lanza Rosales, Rubin J. Ayes Paz, y la Directora de la Escuela Judicial de Honduras Edith Urtecho López, quienes se comprometieron a firmar convenios especiales en materia educativa a fin de lograr un alto nivel en enseñanza-aprendizaje sobre esta materia.

A la II jornada se unió el Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras (CIMEQH), que se suma a la lista de Instituciones que apoyan a la CDPC, en la formación académica sobre materia de competencia.

 La competencia contribuye con el bienestar de los consumidores

 Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia (CDPC).