Enviado por Anónimo (no verificado) el
En el año 2004, Honduras fue evaluada por el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) como uno de los países menos avanzados en materia de legislación y políticas de competencia, ubicándolo en la posición 94 de 95 naciones del mundo. Ante dicho resultado, el Gobierno de la República de Honduras suscribió con el Banco Mundial el convenio de crédito «Facilitación de Comercio y Mejoramiento de la Productividad», cuyos objetivos principales eran reducir el comportamiento anticompetitivo de las empresas y realizar las reformas necesarias para mejorar el clima de inversión en el país. El convenio de cooperación fue administrado por FIDE y en ese contexto, la Comisión Nacional de Competitividad, estableció como prioridad apoyar las acciones necesarias para redactar un Anteproyecto de Ley de Competencia, cuya labor estuvo a cargo de consultores internaciones y expertos del Banco Mundial. El Anteproyecto de Ley fue sometido a un proceso de consulta entre diferentes actores de la sociedad civil y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), con el fin de alcanzar un primer consenso y entregar el documento al Presidente de la República, quien lo sometería a consideración del Congreso Nacional. Una vez ingresado el Anteproyecto al Poder Legislativo, inició un nuevo proceso de validación del documento con grupos de la sociedad civil, empresarios, obreros y consumidores, entre otros; finalmente, en diciembre de 2005 y mediante el Decreto No.357-2005 fue creada la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia (CDPC), como una institución Autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con independencia funcional, administrativa, técnica y financiera, cuya misión es promover, proteger y garantizar el ejercicio de la libre competencia con el fin de procurar un funcionamiento eficiente del mercado y el bienestar de los consumidores. Posterior a la creación de la CDPC, el Congreso Nacional de la República seleccionó y juramentó conforme a lo establecido en la Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia, a los tres Comisionados que conforman el pleno de la institución y cuya principal labor fue poner en funcionamiento a la agencia. Actualmente, la CDPC está integrada por un equipo de profesionales con trayectorias en diferentes disciplinas y un alto compromiso social, quienes desde las direcciones: Técnica, Económica y Legal, y coordinadas por el Pleno de la Institución, impulsan acciones encaminadas a una correcta y eficiente aplicación de la Ley. En ese sentido, la CDPC ha sido autora de su propia agenda y respondido a las necesidades del contexto nacional con el apoyo de alianzas estratégicas nacionales e internacionales, que han permitido sustanciales contribuciones sobre la Política de Competencia, las cuales se han enfatizado en tres aspectos principales: investigaciones por violación a la Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia, control de concentraciones económicas, y la realización de estudios sectoriales. También, se vuelve necesario destacar la labor que sobre promoción de la Ley ha impulsado la institución en aras de generar escenarios de respeto a los principios que promueve la economía social de mercado.